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Que la FGE le cierre bien los candados a Bermúdez: Colectivo

Fecha: 28/08/2018
Hora: 14:43 hrs.

Xalapa. Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a fundamentar adecuadamente la acusación por desaparición forzada contra Arturo Bermúdez Zurita a quien este martes un juez de control dejó sin efecto la prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito.

Lo anterior solicitó, Anaís Palacios Pérez, integrante del Colectivo Xalapa por la Paz, quien dijo que la petición es que el exfuncionario no quede libre por el delito que se considera de lesa humanidad.

Insistió en que ahora, corresponde a la FGE y al Poder Judicial el sostener ante el Juez la acusación y lograr una sentencia condenatoria.

“Es responsabilidad de oficio de la Fiscalía, los familiares han aportado toda la información. Esperamos que eso resulte en una sentencia condenatoria para Arturo Bermúdez” dijo

En febrero del presente año, el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, y otros 18 exmandos detenidos por su presunta implicación desapariciones forzadas durante 2013, fueron vinculados a proceso.

Bermúdez Zurita fue acusado de implementar una “política ilegal” a través de la cual se detuvieron sin órdenes judiciales a supuestos integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 el exjefe policial, en complicidad con los otros 18 imputados que trabajaban bajo sus órdenes, creó dos fuerzas especiales que actuaban de manera organizada, denominadas: Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal y Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los elementos de ambas tenían la orden de “detectar, torturar y desaparecer forzadamente a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada. Un juicio sumario, al que se enfrentaban sin defensor y sin garantías judiciales, sujetos a la apreciación de elementos policiacos”.

Aunado a esta investigación, la Fiscalía estatal que encabeza Jorge Winckler investiga por lo menos 110 presuntas desapariciones forzadas más en la gestión de Javier Duarte.

Al ser la desaparición forzada un delito grave los detenidos podrían ser sentenciados hasta a 90 años de prisión.


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