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Ex procurador, se queda
Versión que actuó por acuerdo con el ex gobernador Duarte

Fecha: 18/06/2018
Hora: 19:29 hrs.

La desaparición forzada es delito grave, sin derecho a ningún beneficio de ley y de ser encontrado culpable el ex procurador duartista, puede darse incluso la prisión vitalicia. La suspensión provicional de amparo poco le serviría a Luis Ángel Bravo. Al final, el juez de distrito estaría negando la suspensión definitiva. (LJJ)

La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez legalizó la detención del ex procurador duartista, Luis Ángel “N” y estaría decretando la formal imputación del cargo de desaparición forzada de personas, delito grave sin beneficio de la libertad anticipada.

La autoridad jurisdiccional determinó, -ante la queja del reo-que no se violó la suspensión provisional obtenida en materia de amparo a través del expediente 439/2018 emitido el 24 de mayo pasado, por el Juez quinto en materia de amparo en la Ciudad de México.

El ex procurador de justicia del Estado de Veracruz es señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsable del delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia.

Sosa Jiménez respaldó con la ley su determinación al señalar que el delito de desaparición forzada de personas se considera como grave en la legislación mexicana y como “extremadamente grave” en el Tratado Internacional de Roma sobre Derechos Humanos; esto da pie a la excepción otorgada por la Juez en la suspensión provisional, que marcaba que sólo se concedía cuando el delito no ameritara prisión preventiva oficiosa, es decir, que no fuese grave.

Esto ante el argumento pobre de la defensa y el mismo reo, en el sentido de que se estaría vulnerando sus garantías al no respetar el amparo que exhibió y que no podría ser tratado-ejemplificó-de la misma manera de quien comete un robo simple a un robo con violencia..

La jueza de igual manera negó haber sido notificada de los argumentos vertidos por la defensa en torno a que la Jueza de la Ciudad de México le otorgó tres días, a partir del 14 de junio, para que aclarara la gravedad del delito que se le señala a su cliente y si éste es meritorio de prisión preventiva oficiosa.

Luis Ángel “N” se quejó de no estar señalado por ser el presunto responsable de la desaparición forzada de personas, sino de “ordenar la manipulación de una escena”; comparando que una cosa es, por ejemplo, un robo y otra, el robo con violencia, reiteró.

(Sin embargo la ley es clara en ese sentido y se agrava el cargo por tratarse un servidor público en funciones cuando presumiblemente se cometió el o los delitos imputados por la fiscalía.)

Y remarcó el ex funcionario duartista, No hago menos (los señalamientos), pero no puede juzgarse de la misma manera que aquellos que llevan a cabo la desaparición forzada. No puede agravarse una conducta con interpretaciones, sino ceñirse a lo que establece la Ley.

Pese a esto, la Jueza señaló que en todo caso el catálogo de delitos considerados graves establecidos en el artículo séptimo de la Constitución Política es únicamente enunciativo y no restrictivo ni limitativo; por lo que hizo referencia a los tratados internacionales que señalan como grave el delito de desaparición forzada.

Aseguró que el delito puede considerarse como de lesa humanidad y amerita prisión preventiva oficiosa porque afecta el desarrollo de la personalidad, además de la salud y vida de las víctimas.

El exfiscal criticó que la Fiscalía a cargo de su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, lo señalara como prófugo apenas un día después de que se emitió la orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, la Jueza otorgó un nuevo receso de media hora para hacer la documentación pertinente y dar pie a la imputación, ante la solicitud de Luis Ángel “N” de ampliar el plazo que había fijado de 10 minutos, toda vez que se quejó por no haber desayunado.

Acuerdo de tres

La decisión de alterar y ocultar del hallazgo de 13 cuerpos en La Barranca de la Aurora se tomó el 19 de enero de 2016 entre Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Bermúdez Zurita y Javier Duarte de Ochoa, Procurador de Justicia , Secretario de Seguridad Pública y Gobernador, en ese orden.

Tierra Blanca era suficiente

El entonces gobernador le llamó por el "teléfono rojo" a Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba en su oficina, en la Torre de Fuerza Civil.

El teléfono rojo solo sonaba ante una emergencia y esa noche había una y grave, pues el gobierno de Duarte ya tenía suficiente con Tierra Blanca y la desaparición de cinco jóvenes a manos de policías de Bermúdez.

Diligente, se trasladó hasta Casa Veracruz, donde el mandatario le ordenó apersonarse de manera inmediata.

Me están madreando en medios estatales y nacionales. Me van a partir la madre, reclamó Duarte.

Y enseguida su favorito, Luis Ángel Bravo Contreras, le pidió instrucciones para acatarlas a cabalidad y salvarle el pellejo a quien, sin importar que no tuviera experiencia, lo encumbró en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Duarte le recordó que había sido filtrada ese día una foto donde se veían cinco o seis cuerpos de los encontrados en la Barranca y la instrucción fue precisa el de no reportar el resto.

Para sus fines, Bravo Contreras tenía una aliada incondicional en la fiscal de investigaciones ministeriales, su titular de ese departamento entonces, Rosario Zamora "La Chacala", a quien ordenó hacerse cargo.

La llamó por teléfono y puso el altavoz. No era necesario decirle que estaba escuchando el gobernador y sus órdenes debían ser cumplidas.

Rosario Zamora se comprometió a encargarse del caso y lo primero fue retirar teléfonos a todos los que se encontraban en el lugar favorito de Bermúdez para aventar cuerpos.

En esa reunión en la sala de juntas de Casa Veracruz, Duarte reiteró a Bravo que se encargara, que no quería otro desmadre porque en medios lo estaban hundiendo por el caso de Tierra Blanca.

Así, de un plumazo, Bermúdez, Duarte y Bravo decidieron borrar a 12 personas fallecidas del mapa. Debían ser 13, a no ser por un policía estatal que no tenía que estar ahí. A ese lo sembraron en otro municipio. Así, sin más.

PRISIÓN VITALICIA

DECRETO por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Artículo 28. Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

Artículo 30. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.


Artículo 31. Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

Artículo 32. Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

I. Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;

II. La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor;

III. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito;

IV. La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito;

V. La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos;

VI. La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista;

VII. La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII. El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

IX. Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

Artículo 33. Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:

I. Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;

II. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;

III. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y

IV. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.

Consultar la ley aquí


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