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Años, lleva el trámite
Gobierno yunista no les paga a pensionados del IPE

Fecha: 13/06/2018
Hora: 23:30 hrs.

XALAPA. Ver. Empleados del gobierno del Estado de Veracruz, entre ellos jueces en retiro, no han recibido sus pagos de pensiones y este día que, ante la opinión pública expusieron la anomalía, la respuesta no pudo ser más contundente no hay dinero.

Nicolás Hernández Contreras y Laurentino Sosa Capistrán, quienes se retiraron desde 2017 y siguen esperando el pago de su pensión y el retroactivo del proceso de jubilación, están a punto de gastar sus ahorros debido a que sus esposas cayeron enfermas.

Sin embargo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a través del Instituto de Pensiones del Estado les sigue dando largas para otorgarles lo que por Ley les corresponde.

En entrevista, Nicolás confesó que la situación de su mujer es tan grave que incluso le ha llegado a plantear: “déjame morir”, ante el elevado costo de sus tratamientos médicos.

Por lo anterior junto con Laurentino optó por sumarse a la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) y tramitar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que el titular del IPE, Hilario Barcelata, solo les da largas en sus casos.

Hernández Contreras aseguró que no aceptará la propuesta de su pareja, de ahí que le insiste “vamos a seguir luchando”.

“Me retiré como juez de primera instancia del Distrito Judicial de Coatepec, pasé a manos del IPE para tramitar mi pensión (…); pero desde el año pasado no he recibido respuesta por parte de las autoridades.

“He dado vueltas y vueltas desde agosto, pero sin recibir el acuerdo correspondiente y ya me advirtieron que una vez que tenga el trámite todavía tengo que esperar 7 meses para que me den el primer pago”, deploró.

Expuso que desde que se retiró de sus labores perdió sus Derechos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y todo se agravó ya que se posa cayó enferma justo al momento de dejar de laborar en el Tribunal.

“Mi problema es después de que me separé del Tribunal mi esposa se puso grave al grado de hospitalizarla y ahora la están hemodializando, cada tercer día me cobran mil 350 pesos por cada atención.

“Mi esposa me ha dicho que la siga atendiendo yo le digo que voy a seguir luchando, pero después me dice déjame morir. Cómo va a ser eso posible, le digo vamos a seguir luchando”.

Criticó que desde que presentó sus papeles para retirarse no ha recibido un solo peso del retroactivo y de su pensión, apuntando que no pertenecía a ningún sindicato o asociación, de ahí que se siente desamparado.

Confesó que los ahorros que hizo ya se le están agotando, pero su preocupación “es llegar al abismo” y cuando se le acabe el dinero pensar qué es lo que va a pasar: “mi preocupación es por la salud de mi esposa Isabel”.

Junto a él se encuentra Laurentino Sosa Capistrán, quien también se retiró por invitación del Poder Judicial el año pasado.

Manifestó que a partir del mes de noviembre el Instituto de Pensiones del Estado no ha cumplido con el trámite de su jubilación y con el pago de su pensión.

“Yo presenté mis documentos al IPE desde julio, antes de causar la baja. Yo también tengo el caso de que mi esposa tiene un problema de salud”, comentó con reserva.

Explicó que al retirarse perdió el derecho de acudir ante el IMSS, de ahí que tuvieron que afiliarse al Seguro Popular.

“Al causar baja automáticamente se nos suspende el servicio del Seguro Social, yo también he estado utilizando los ahorros para ir solventando esos gastos médicos pero llega el momento en que se van a agotar y el IPE seguirá sin pagar”.

Reconoció estar “al final de la cuesta”, pues además de servicios médicos tienen que cubrir los pagos básicos como la luz, el gas y el agua, que siguen subiendo de precio, lo que las autoridades del IPE no están tomando en cuenta.

Aseveró que por el momento sigue en trámite el acuerdo que da pie a su jubilación, por el que ya ha esperado meses, así como el retroactivo que es el dinero que le corresponde por Ley mientras cumple con el proceso.

“No nos dan una fecha, hay un compañero a quien le tardaron 2 años en cubrirle el retroactivo (…); esta prestación debería de cubrir el tiempo que estamos sin recibir la pensión pero mientras esto ocurre ya hemos tenido que acudir a deudas o ir a los empeños tras 40 años de servicio”.

No hay dinero: IPE

Ante la falta de pago del retroactivo para trabajadores en trámite de jubilación, así como para cubrir la primera pensión que por Ley les corresponde, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a cargo de Hilario Barcelata Chávez, les responde: “no hay dinero”.

Así lo expuso la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, quien subrayó que se trata de una violación a los derechos humanos de quienes se encuentran en esta situación.

Explicó que en esta ocasión acompañaron a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a ocho exjueces que se retiraron desde el año pasado y a quienes continúan postergando el cumplimiento de sus pagos.

“En el IPE, en Finanzas, nos dicen que no les alcanza, que porque o pagan pensión o pagan los retroactivos, porque SEFIPLAN no les da el dinero completo”, acusó la dirigente del COPIPEV.

Cabe señalar que sobre este tema la diputada local de MORENA, Daniela Griego Ceballos, presidenta de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática de este Instituto, aseveró que para 2018 se destinó el presupuesto suficiente al IPE.

Lo anterior ya que el proyecto de Ley de Egresos fue presentado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien públicamente manifestó que incluía los recursos necesarios para cumplir con los jubilados y pensionados.

Sin embargo, Chávez Tejeda refirió que en realidad esto no ha ocurrido, pues además de los pagos pendientes con trabajadores en proceso de jubilación, también se mantiene el adeudo de 8 mil millones de pesos del Estado con la Reserva Técnica del Instituto.

Detalló que a la COPIPEV se acercaron 8 exjueces que han tenido toda clase de problemas con el pago de su pensión, pues algunos ni siquiera han obtenido el acuerdo jubilatorio; de ahí que están en un limbo legal, pues no se les considera ni pensionistas ni trabajadores.

Por su parte, el abogado de la COPIPEV, Juan José Llanes Gil del Ángel, expuso ante la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, que casos como estos no deben ocurrir, ya que las finanzas del IPE dependan directamente de la SEFIPLAN.

“Además, el dinero que se adeuda proviene de las cuotas que se les cobran a los trabajadores, es dinero que ya existe, que ya está, se los quitaron a ellos, ¡¿cómo es posible que justifiquen que no tienen dinero?!” cuestionó.

El abogado detalló que algunos empleados tramitaron su jubilación desde hace 9 meses o más, cuando al principio de la actual administración el proceso demoraba sólo 3 meses.

“Ahora, una vez con el acuerdo, les dicen que son otros 7 meses para comenzar a pagarles la pensión y les quitan el Seguro Social mientras esto sucede”, criticó.

Ante esta situación, la presidenta de la CEDH dio apertura a la queja de los ciudadanos afectados, quienes estuvieron acompañados por la COPIPEV al presentarse en las oficinas del Instituto.

Lo que les espera a otros

Trabajadores en trámite de jubilación se encuentran “en el aire”, ya que legalmente no se consideran pensionistas o empleados y dejan de recibir un sueldo y acceso al IMSS mientras concluyen los trámites correspondientes.

Sin embargo, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) está atrasando sus procesos así como el cubrir la primera pensión que por Ley les corresponde.

Así lo advirtió la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, quien lamentó que el organismo, a cargo de Hilario Barcelata Chávez, solo responda que “no hay dinero” a quienes enfrentan este problema.

Subrayó que se trata de una violación de los Derechos Humanos, apuntando que al inicio de la actual administración a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares los trámites demoraban 3 meses y ahora pueden tardar más de un año.

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