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¿Por qué Guatemala debe dar permiso para imputar a Duarte?

Fecha: 07/06/2018
Hora: 19:02 hrs.

Xalapa, Ver.- Ahora que se sabe que existe una nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada de personas, la ejecución de la misma, no será simple.

A diferencia de los recientes mandamientos de captura que fueran ejecutados contra el exmandatario veracruzano apenas el mes pasado y, de los cuales incluso ya hay proceso abierto, para este nuevo, la Fiscalía General del Estado (FGE), deberá recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y esta a su vez al gobierno de Guatemala.

México deberá en palabras coloquiales, "pedir permiso" a aquel país para poder proceder contra Duarte y llevarlo a juicio por el delito de lesa humanidad. Este es el primer caso de un exgobernador acusado de un ilícito de este tipo.

A continuación, seis claves respecto del proceso que está a punto de enfrentar el residente del Reclusorio Norte.

1.- Es necesario tener claridad sobre algunas cosas y poner en contexto la orden de aprehensión: hay que recordar que una vez obtenida la extradición, la Sub procuraduría de Asuntos Internacionales de PGR fijó en un documento que solo se otorgaba por los delitos por los que está vinculado.

En dicho documento se precisó que, si se llegaban a presentar otros delitos posteriores a la extradición obsequiada, debía de solicitarse su consentimiento y otorgarse este, es decir, la excepción al tratado entre ambos países.

2.- Ahora bien, por cuanto hace a la nueva orden de aprehensión, obedeciendo a lo anterior, el gobierno mexicano tendrá que solicitar esa autorización y si existe voluntad política de aquel gobierno, saldrá a favor de las autoridades mexicanas.

3.- Los hechos y el delito por el cual se ha otorgado la orden de aprehensión es de gran trascendencia y, no puede impedirse la ejecución de esta.

4.- Sin embargo, el proceso podría llevarse días, semanas o meses para lograr la autorización de la ejecución.

5.- De concederse, Javier Duarte estaría ante un delito que, de acuerdo con el momento de la comisión -enero de 2016- podría costarle hasta 15 años de prisión, que se sumarían a los 38 que le resultarían de los procesos por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.

6.- Además de esa condena por los delitos del fuero común, el exgobernador también enfrentaría una pena considerable por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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