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¿Y el arma de fuego?
Las incógnitas en el caso del motín en La Toma

Fecha: 05/04/2018
Hora: 20:41 hrs.

Tampoco quedó claro, como reconoció el gobernador que un reo mató a otro ¿Cómo es que un reo tenía en su poder un arma de fuego con la cual mató a otro "reo" en el "motín"? ¿El arma en cita, fue recuperada luego de haber "controlado" el Estado" el amotinamiento? ¿O sigue esa arma de fuego en poder, de quien en realidad-según dicen- mató al "contra"? (LJJ)

Xalapa, Ver. - A seis días del motín en el penal de La Toma, autoridades del Gobierno de Veracruz se contradicen en el origen de dicha revuelta que dejó un saldo de ocho personas muertas: seis policías y dos reos. El caso solo evidenció un aparente control de integrantes de la delincuencia organizada en el reclusorio de mediana seguridad.

La contrariedad más reciente se desató tras la publicación de un comunicado de la Fiscalía de Veracruz (FGE), en el cuál aseguró que policías estatales realizaban (el pasado 31 de marzo) una revisión en La Toma, “originada por la violencia que se registraba y debido a las quejas externadas por algunos internos” y no por el traslado de reos de alta peligrosidad, como lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El lunes 02 de abril, el ejecutivo estatal aseguró en una entrevista a un medio de proyección nacional que los elementos de la SSP, acompañados de policía municipales de Orizaba, acudieron al penal de Amatlán de los Reyes para trasladar a cuatro reos que delinquían en la zona de las Altas Montañas, en el centro de la entidad.

Los detenidos, relacionados eran: Josele Márquez Balderas, alias "El Chichi"; Manuel Escalona, alias "El Cachorro", José Rolando “N”, alias "El Viejón" y Ángel "N", alias "La Paloma”.

Sobre esta versión, Yunes Linares incluso aseguró que personal de La Toma había filtrado información sobre el operativo, por lo que los reos se organizaron y dieron muerte a seis oficiales en el interior de una celda donde les prendieron fuego y murieron por asfixia congénita, según la versión oficial.

En unas horas de lo declarado por el mandatario, el mismo 02 de abril, fueron detenidos Valentín “N”, Alejandro Daniel “N”, exdirector y ex subdirector de La Toma; quienes posteriormente fueron imputados por los delitos de “estragos agravados, en perjuicio de la seguridad colectiva y de siete personas finadas; así como por abuso de autoridad, en perjuicio del servicio público”.

En el comunicado de la FGE, contrario a lo manifestado por Yunes Linares, apunta que: “Personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (...) realizaban una revisión al interior del centro penitenciario ubicado en el municipio de Amatlán, originada por la violencia que se registraba y debido a las quejas externadas por algunos internos”.

Para la FGE, la acción preventiva en La Toma, y no el traslado de reos, habría sido filtrada por los directivos de ese lugar a Manuel ‘N’, alias ‘El Cachorro’; Josele ‘N’, alias ‘El Chichi’; Ángel ‘N’, alias ‘La Paloma’; y José ‘N’, alias ‘El Viejón’ lo que desató el caos.

Otro punto clave en el comunicado es que reconocen a siete de las ocho víctimas del motín, entre ellos a uno de los reos que murió por policontuciones, de nombre Luis Rogelio Hernández Flores, originario de Paso de Ovejas, identificado en el boletín como “L.R.H.F”.

Para el abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera, “El estado al encontrarse en una situación de garante sobre la vida de las personas privadas de su libertad, ya sean procesadas o sentenciadas, tiene la obligación de proteger su integridad física y sobre todo su vida, tal como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el de “Neira Alegría y otros Vs. Perú." o "Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay" en los que derivados de motines carcelario hubo pérdidas humanas e incluso desapariciones”.

“En cualquiera de los casos de pérdidas humanas, policías o personas privadas de su libertad, el estado se encuentra obligado a reparar integralmente el daño de las víctimas, en razón de esa posición de garante, ya sea por vía directa, a través de la responsabilidad patrimonial del estado; de manera solidaria, por la vía penal; vía subsidiaria, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, o por la vía laboral al ocurrir la muerte durante su jornada de trabajo (en el caso de los policías)”, refirió el penalista.

SSP falló en presunto traslado, según Protocolo Nacional

En una entrevista radiofónica para Avanoticias, Yunes Linares fue cuestionado, “¿Gobernador, existió negligencia por parte de quienes ejecutaron este operativo?”. Yunes contestó: “No, mire, hay compañeros que fueron, que arriesgaron su vida, que cumplieron instrucciones. Yo lo que considero es que hubo una filtración, una falta de lealtad que se sancionará (…) y que se provocó una tragedia”.

De acuerdo con los informes referidos por el mandatario estatal sobre el presunto traslado en el que murieron dos policías municipales y un cadete de la Academia de Policías de El Lencero, se habría violado el Protocolo Nacional de Actuación en materia de Traslados.

Para Espinoza Rivera, el que participaran policías sin la especialización o capacitación necesaria para el traslado de reos o control de motines denota improvisación, “máxime que según la primera versión oficial se trataba del traslado de personas calificadas como de alta peligrosidad”.

"Los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad", refiere.

El entrevistado agregó que “se violentó en todo momento el Protocolo Nacional de Actuación en materia de Traslados, el cual señala la obligación del personal responsable de planear: el número de elementos a utilizar, número de vehículos, peligrosidad de las personas sujetas a traslado e incluso prever emboscadas al interior y al exterior del centro de reclusión, lo que claramente no existió”.

¿Qué pasó con El Comandante Chon, señalado de sembrar terror en La Toma?

El nombre de José Luis Chontal Arres, alias "El Chon” también fue mencionado por el caso La Toma. En un video circulado en medios, Jesús Antonio Trejo, un reo del penal, solicita el traslado de “El Comandante Chon” y lo acusa de controlar y sembrar terror entre los reclusos.

“Miren como me tiene. Cobra cuota y no nos deja vivir en paz. Ya llévenselo por favor, Dice que me va a matar a mí, a mis hijos y a mi familia. Por favor ayúdenme, ya no lo quiero ver”, suplica Antonio Trejo, con el rostro ensangrentado desde una cama.

El gobierno del Estado no ha desmentido la autenticidad de dicho video, ni tampoco ha informado sobre el estatus de José Luis Chontal Arres “El Chon” recluido desde febrero del 2008 por liderar una banda de secuestradores y extorsionadores.

Aunque Yunes Linares, refirió que el motín con resultado de ocho muertos se debió al traslado de cuatro peligrosos reos responsables de delinquir dentro y fuera de dichas instalaciones, en ningún momento se refirió a Chontal Arres.

Fuentes anónimas refirieron que previo al motín, se llevaba a cabo una fiesta en el nivel 3 del edificio E de La Toma, organizada por “El Chon”, quien además habría provocado la muerte de un reo en la misma celda que murieron los seis policías.

“El Chon se calentó de los ánimos y El Cachorro quiso calmar el pedo. En ese ínter ingresaron policías de la SSP y de la municipal de Orizaba y comenzó todo”, refirió una persona desde el anonimato.

En contraste, Yunes Linares dijo en entrevista que el asesinato de un reo fue causado por algún otro de los cuatro convictos: “El Chichis”, “El Cachorro”, “El Viejón” y “La Paloma”, quienes fueron trasladados a un penal de máxima seguridad, sitio del cual tampoco quiso confirmar la ubicación.

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